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“Esto es un golpe de Estado más grotesco que el de Carmona”

Así lo señaló la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, a la prensa de caracas, en referencia al intento en 2002 de derrocar a Hugo Chavez.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que realizó ayer una audiencia preliminar para evaluar un eventual juicio contra la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, a pedido de un diputado oficialista, anunció que una decisión será comunicada en cinco días, mientras la cuestionada funcionaria consideró que se está frente a un “golpe de Estado grotesco” y el oficialismo hizo jurar a una nueva vicefiscal para reemplazarla si prospera el proceso. “Nos acogemos en el lapso de cinco días para dar nuestra decisión y publicar”, dijo el presidente del TSJ, el magistrado Maikel Moreno, tras escuchar los argumentos de los acusadores y de un defensor público, en representación de Ortega Díaz, quien rechazó asistir porque desconoce la legitimidad de la corte para impulsar un proceso cuya decisión está “anunciada”. A la misma hora en la que estaba citada en el TSJ, la fiscal ofreció una declaración llena de detalles legales y de palabras desafiantes contra el alto tribunal y contra la situación que vive Venezuela, que a la crisis económica le suma más de tres meses de protestas antigubernamentales que han dejado ya 90 muertes. Más desafiante que nunca, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, acusó ayer al poder Ejecutivo y Judicial de estar perpetrando un golpe de Estado peor que el de 2002 contra Hugo Chávez. La fiscal, nombrada en 2007 y que se considera chavista, se ha convertido en la voz más crítica contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro desde dentro del Estado. Ortega no acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde se celebró un antejuicio de mérito para determinar si cometió alguna falta grave, lo que podría llevar a su destitución. De acuerdo con la Constitución, ese poder de removerla del cargo recae en la Asamblea Nacional, de mayoría opositora y considerada en desacato por parte del TSJ, por lo que es de esperar que sea la Sala Constitucional del alto tribunal la que, como ha venido haciendo en los últimos meses, se atribuya el papel de suplir al Parlamento y decida sobre una eventual destitución.s